México

El panorama legislativo mexicano en materia de comunicación social presenta complicaciones difíciles de sortear cuando se intenta una evaluación, porque se trata de una serie de normas legisladas en el presente siglo por diversos gobiernos, que plantearon tónicas y objetivos diversos en sus respectivos tiempos. Resulta claro que, frente a su incapacidad para ejercer la función reguladora, el Estado enfrenta una peor incapacidad: la de vigilar y administrar los confusos y escasos intentos jurídicos en el área. Detrás de toda esta realidad se encuentra la urgente necesidad de afrontar responsablemente el trabajo pendiente de definir una política nacional de comunicación social que tenga como base y sustento una participación de capas más amplias de población del país.