Ciudad de México

En diciembre de 2012 el Senado de la República aprobó una reforma al artículo sexto constitucional, que resulta relevante porque amplía el ámbito de atribuciones del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al otorgarle capacidad jurídica para atender peticiones sobre el actuar de los poderes de la Unión y órganos autónomos, así como de partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, además de personas físicas, morales y sindicatos, cuando reciban o ejerzan recursos públicos. Otra razón subyace a la facultad para conocer de los recursos que interpongan los particulares en contra de las resoluciones de los organismos autónomos de las entidades federativas y el Distrito Federal, en los casos que resuelvan reservas, confidencialidad, inexistencia o nieguen información. Se trata de un paso trascendente en materia de rendición de cuentas que fortalecerá el ejercicio del derecho a la información.