México

Contrariamente a la presentación de diversas demandas por parte de la sociedad civil durante más de seis décadas para fortalecer a los medios públicos y sociales en el país, y a los avances logrados con la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones, la Radiodifusión y la Competencia Económica en el año 2013 en dicha materia, paradójicamente en el año 2014, a través de la aprobación de las Leyes Secundarias, el Congreso de la Unión marginó sustantivamente el apoyo a las concesiones de uso público y social en México. En este sentido, las normatividades secundarias no crearon apartados jurídicos específicos o una nueva ley que apoyaran los avances ya reconocidos anteriormente en la Constitución Política Mexicana para impulsar a los medios públicos y sociales; y limitaron radicalmente su desarrollo al evadir o constreñir sus funciones de comunicación de servicio público. De esta manera, la clase política en el Congreso de la Unión se arrepintió de los progresos que se comprometió a cumplir a través del “Pacto por México”, en el 2013 y en el 2014 abortó los avances ganados anteriormente. Así, preocupantemente se creó de manera intencional un “limbo jurídico” que permitió que los medios de Estado en la realidad no evolucionaran de su fase histórica anterior como medios “oficiales” o de “gobierno”, y continuaron existiendo como instrumentos de información subordinandos a las ambiciones y caprichos del poder en turno. De esta forma, no se transformaron como medios de gobierno, para convertirse en canales de comunicación independientes y transparentes, comprometidos con la realización de la comunicación de servicio público para el avance de las comunidades nacionales, sino que continuaron actuando como medios oficiales de los múltiples poderes establecidos.