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En la actualidad, es a través de los medios masivos de comunicación, que la población accede de manera sustancial a la información de interés público, se forma una opinión y toma decisiones en su vida cotidiana o en asuntos claves de la vida social, por lo que es de vital importancia que las personas puedan obtener a una diversa gama de productos culturales, opiniones distintas como vía para habilitar otros derechos vinculados con la participación ciudadana en el debate público, ejercer una contraloría ciudadana frente al poder público en el ejercicio de sus funciones, evaluar el desempeño de sus gobernantes y conocer otros derechos. En el reconocimiento de que los medios de comunicación son el instrumento privilegiado para que la población posea la información, su situación y la manera cómo operan son, en nuestros tiempos, un tema clave para la democracia, de tal manera que una alta concentración en su propiedad es una vía indirecta que restringe tanto la libertad de expresión como el derecho a la información al afectar la pluralidad y diversidad informativa, pues tienen como consecuencia moldear la opinión pública según un solo punto de vista (CoIDH, 1985: párr. 33).

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El Estado dio un golpe de timón con la reforma de 2013 para las telecomunicaciones y la radiodifusión. La prolongada inoperancia de las leyes para esos sectores se resolvió con un nuevo y muy detallado marco jurídico establecido en la Constitución que sería reglamentado al año siguiente. La discrecionalidad gubernamental en la asignación de concesiones, así como en la regulación de las actividades de empresas telefónicas, de radio y de televisión, fue reemplazada con la creación de un nuevo organismo norma- tivo autónomo, obligado a tener un desempeño transparente. Esas nuevas reglas fueron tardías, incompletas o parciales, según el punto de vista de quien las evalúe. Pero sin duda, configuraron un escenario diferente para las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. En las siguientes páginas se discutirá ese modelo de Estado y políticas públicas; se describirán las pautas para el órgano regulador y se recuperan algunas vertientes de la discusión internacional acerca de las telecomunicaciones y su reglamentación.

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Internet se ha convertido en un entorno propicio para que los ciudadanos expresen sus ideas políticas y pidan rendición de cuentas a los gobernantes. El derecho a la privacidad es uno de los más vulnerados con la creciente digitalización de la sociedad y a partir del cual se enfrentan los mayores desafíos de orden jurídico, político y social. En el presente texto se expone el debate de la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013 con el fin de documentar e identificar los puntos y argumentos fundamentales de la discusión, no solo para ofrecer un recuento histórico, sino para promover el análisis y un debate más amplio tendiente a buscar las mejores prácticas que tengan como eje los derechos civiles y políticos con una mirada multidisciplinar que busque el fortalecimiento de la democracia.

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La construcción de equilibrios, espacios de pluralidad y garantías a las libertades de expresión e información hace necesario reconocer que los medios han alcanzado un poder superlativo sobre las instituciones políticas y que es preciso regularlos, pero también garantizar el desarrollo de opciones de información y de expresión como las que constituyen los medios públicos y sociales. En las siguientes páginas se explica cuáles han sido los principales cambios en el panorama audiovisual de la radio y la televisión pública después de la aprobación de las nuevas reglas para las telecomunicaciones y la radiodifusión, también se señala sus alcances y limitaciones.

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Podríamos señalar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (dof, 2014) se desarrolló “en nombre de las audiencias”, reconociendo sus derechos como tales. No obstante, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (dof, 2013) y la ley reglamentaria parecen concentrarse en la competencia empresarial respecto al dominio de las frecuencias, la disputa del pastel publicitario y los efectos colaterales sobre la programación y la audiencia. El artículo se divide en dos partes. En la primera, se presenta una discusión introductoria al nuevo marco legal. En la segunda, se realiza un análisis de las observaciones y recomendaciones en torno al Anteproyecto de Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias (IFT, 2015) propuestos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el objetivo de reconocer las diferencias y tensiones manifiestas en las posturas de los actores en juego.

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La reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 asentó principios fundamentales que concretaban anhelos de la larga lucha de organizaciones sociales y académicas por el derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación de México. Esto generó expectativas respecto a la oportunidad de contar al fin con reglas que modificaran las condiciones existentes hasta ese momento en el modelo general de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Este texto tiene el propósito de resaltar episodios olvidados o desconocidos por las nuevas generaciones. Lo que se pretende es poner el acento en lo beneficiosa que puede resultar la reflexión colectiva vinculada con la acción; así mismo, se busca mostrar la utilidad del estudio de los medios y las telecomunicaciones vinculado a la participación y su incidencia en los procesos legislativos. Es cierto que la reforma constitucional de 2013 no se debe a la academia, sin embargo durante décadas ésta colocó semillas en surcos que hoy fueron atendidos. Estas páginas pretenden, también, poner en claro si esas expectativas se encuentran materializadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) promulgada en julio de 2014 y alertar sobre las omisiones e indefiniciones en las que se deberá seguir trabajando para su plena ejecución; especialmente en el tema que nos ocupa que es la radiodifusión y los mecanismos de par- ticipación de la sociedad.