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Este artículo presenta, acompañado de algunos comentarios críticos, un recuento de los principales sucesos relacionados con la comunicación social en México ocurridos durante 1989.

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Este artículo recupera la historia de la instancia gubernamental que en el régimen de Lázaro Cárdenas fue encargada de coordinar y desarrollar las actividades de difusión masiva del ejecutivo. Tan controvertido como todo lo relacionado al cardenismo, el DAAP ha sido lo mismo exaltado como condenado. De ahí la importancia de reconstruir su historia.

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Tres son los elementos que distinguieron a los medios de comunicación durante 1992: su expansión tecnológica y económica en los sectores privados; su retraimiento de la presencia del Estado al grado de convertir a los medios estatales en una especie prácticamente en extinción; y el intento estatal por avanzar hacia lo que el presidente Salinas denominó "una nueva relación entre el Estado y los medios".

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Podría darse una curiosa situación en que lo prescrito por la Constitución en el sentido de que corresponde al Estado mexicano la exclusividad en el ejercicio de la comunicación por satélite permanezca inalterado en el texto, pero no se cumpla en la práctica. Si ello ocurre será muy criticable, pero lo será más si el gobierno mexicano modifica la Constitución y cede todo, incluso la soberanía del Estado mexicano sobre su espacio aéreo y sus telecomunicaciones.

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Para el autor de este trabajo, la revisión y discusión a fondo de la política seguida por el gobierno en materia de telecomunicaciones es una tarea urgente. El Congreso de la Unión debe recuperar facultades para que sea en esa institución de la República donde se discutan y fijen las bases de la política que en esta materia debería seguir el gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La facultad de determinar esta política no debería ser exclusiva de funcionarios que, entusiasmados por el auge mundial de las telecomunicaciones, pueden subordinar todo, incluso valores nacionales básicos, al afán de modernidad.

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Ante los proyectos transnacional-oligárquico y el democrático que en nuestro país rigen el funcionamiento de los medios masivos, el Estado tiene un papel fundamental, que se caracteriza por responder a la política estatal en la economía, por limitar la opinión de las corrientes políticas opositoras, por utilizar los medios para difundir los proyectos del propio Estado, y por su ineficacia en la promoción educativa y cultural. La alternativa de la izquierda consiste en salir del atraso teórico y la debilidad política para intervenir en la determinación del rumbo de los medios.

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En este artículo el autor argumenta que si bien la televisión comercial aporta a la federación cantidades de dinero relativamente significativas, especialmente por el pago del servicio de conducción de señales a través de microondas y satélite, esta erogación no es la justa, debido a una actitud exageradamente favorable por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, para dar un ejemplo, no le cobra impuestos ni derechos por utilizar el espacio aéreo ni el espectro radioeléctrico. Con ello, el gobierno ha privado a la nación de ingresos que pudieron ser canalizados hacia el beneficio social pero que, lejos de ello, pasa a aumentar las ganancias de la televisión comercial, concretamente Televisa, el consorcio hegemónico.

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Este estudio permite sostener que la radio y la televisión, tal como funcionan hoy, constituyen un elemento fundamental para la preservación del actual sistema político, pues aunque en ellas sea posible encontrar cuestionamientos y aún impugnaciones hacia ciertos actos del gobierno, la cantidad de mensajes de apoyo e incluso de propaganda favorable a la política gubernamental es siempre mayor. El trabajo rastrea los orígenes históricos de esta relación entre gobierno y medios desde 1920.

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Considerando las experiencias "ilegales" de Radio Universidad Pueblo de Guerrero y de Radio Ayuntamiento Popular de Juchitlán, Oaxaca, a principios de los ochenta , y el vencimiento de las concesiones de más de 300 radiodifusoras en 1989, el autor revisa las condiciones estructurales, técnicas, legales y políticas para una redistribución democrática de las frecuencias.

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A tres años y medio del inicio de sus operaciones, este artículo formula un primer balance del Sistema de Satélites Morelos. Es necesario, por ejemplo, saber qué servicios presta, quiénes los utilizan y qué porcentaje de la capacidad del sistema se emplea. Pero también resulta indispensable reflexionar acerca de su futuro, y muy especialmente, del papel que puede jugar dentro del proyecto económico del actual régimen.