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La intención de este trabajo es sugerir elementos de una política de comunicación social que induzca un cambio de énfasis en la orientación del sistema actual. Un cambio que traslade al proceso de comunicación del interés particular al interés social; de la acción individualista a la acción solidaria; del interés del público al interés público; del comportamiento condicionado al comportamiento consciente y autodeterminado; del desorden público que conduce a la involución y a la secuencia anárquica y destructiva, a un orden social racional, que sea fruto del designio del hombre y que sustente su desarrollo dinámico. Concluye considerando la democratización de los medios masivos, a expresarse en una auténtica política de comunicación social, como la concurrencia de tres procesos simultáneos: la democratización de la sociedad en conjunto, la integración social de los contenidos de la comunicación y la transformación democrática de las estructuras intermediarias mismas. Estos procesos conducirían a integrar, como una sola realidad, los medios del estado y los fines de los medios.

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Ante la intervención norteamericana en materia de comunicación colectiva en México, el Estado ha hecho intentos tan desesperados como inútiles para contrarrestar esa influencia ideológica. Antes que crear canales estatales que compitan con los privados, el Estado debiera plantearse una política de información masiva que haga frente al avance de la penetración polifacética del imperialismo, en que los medios ocupan un lugar clave y ante la cual no caben enmiendas legales ni soluciones parciales como la cancelación de ciertas series norteamericanas.

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Este artículo refiere a la primera década de este siglo los antecedentes que constituyen la base de la industria televisiva mexicana. En ese tiempo no existía en México una fuente de acumulación de capital lo suficientemente desarrollada, por lo que el capital industrial y bancario que dio origen a la actual industria de los medios electrónicos de información, se integró casi en su totalidad con capitales extranjeros. El desarrollo histórico de la radiodifusión revela que el reciente debate en torno al papel del Estado encuentra su fundamento en el obregonismo y su origen en el porfiriato.

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Este artículo plantea la pregunta sobre porqué el gobierno de López Portillo se inicia definiendo a los medios de información como medios de control político y no como medios de educación informal, tal como el país requiere. Esta omisión formal del aspecto educativo de los medios de información de masas, no es producto de una distribución azarosa realizada por los ideólogos de la Reforma Administrativa, sino que su fundamentación puede encontrarse en los anales de la radiodifusión mexicana cuya definición es resultado de los intentos de participación estatal de los últimos años.

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Análisis crítico de la situación del cine mexicano, industria que sufrió la más importante transformación de toda su historia durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-76). La cinematografía se nacionalizó prácticamente: mientras la iniciativa privada se veía reducida a hacer sus habituales películas baratas y de ambición meramente comercial, el Estado promovía el cine de autor. Sin embargo, aún antes de que el fin del sexenio de Echeverría planteara una nueva y difícil situación, el cine mexicano de autor sería objeto de ataques y de interpretaciones equívocas de su significado.

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En la sociedad capitalista la clase dominante le da a la cultura la función de consolidar su predominio a través de la importancia que le otorga al saber. Los beneficiarios reales de la cultura son la clase burguesa y la clase media, mientras que la clase obrera es marginada. De esta manera, la cultura se convierte en poder. Por eso, cualquier avance en la democratización efectiva del sistema enseñanza-aprendizaje es un paso hacia la democratización de la cultura. La adquisición del conocimiento es un camino hacia la adquisición del poder. Tal conocimiento debe por ello desembocar en posiciones políticas.

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Como director general del Canal 13, el autor de este artículo establece que en México es función de la televisión del Estado, entre otras, la creación de un modelo hacia el que debe aproximarse la televisión en su conjunto. Es decir, influir, complementar y promover un Sistema Nacional de Televisión mediante la competencia y el ejemplo, con la finalidad de contribuir a la integración social, a la modernización y, sobre todo, al desarrollo independiente, superando la concepción exclusivamente publicitaria de la televisión privada. En síntesis, dado que sin duda existe un verdadero poder radio-televisivo, ese poder colectivo tiene que estar ligado a los intereses de toda la sociedad.

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Cuando se estableció en México la televisión, al mediar el siglo, el Estado decidió entregarla a la gestión de los intereses privados. Advertido tardíamente de la enorme fuerza de modelación social representada por ese medio de difusión colectiva, en la última década ha comenzado una búsqueda del tiempo perdido para tratar de lograr una participación mayor en el hacer televisivo, además del papel de regulador que desde siempre se atribuyó. En este artículo se presenta una reseña de tales intentos, sobre todo desde una perspectiva jurídica, pero también política, desde la comisión a Salvador Novo en 1947 hasta las formulaciones sobre el Derecho a la Información y la función social de la información contenidas en el Plan Básico de Gobierno aprobado por la VIII Asamblea Nacional del PRI en 1975.

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Partiendo de una caracterización de las diversas posturas desde las que se suele analizar a la televisión, muchas de ellas viciadas y deformantes, este artículo caracteriza a la televisión mexicana como un instrumento funcional al fomento económico y con un alto grado de coherencia con las pautas de conducta y la visión del mundo prevalecientes entre los sectores medios de la sociedad. Los medios se dedican a la promoción de las formas de la subcultura y, por esta razón, su proyecto no tiene ninguna relación con los aspectos educativos o con la difusión del arte y la cultura. Entre sus observaciones finales figura la necesidad de una investigación que fundamente proyectos alternativos.

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Estudio sobre la censura en México que, a nivel de los productos culturales manejados por organismos del Estado, tiene la función de ejercer, mediante la prohibición, sinónimo de censura, el control respecto de los valores morales que circulan en la sociedad. Plantea el marco legal y la estructura de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, y enlista las publicaciones prohibidas por ella de 1971 a 1975 y otras que circulan a pesar de ser evidentemente pornográficas. Concluye que los verdaderos censores de nuestra cultura son los dueños de la industria cultural, encargados de obstaculizar también mediante la cultura, el desarrollo de las condiciones materiales para la liberación de nuestro pueblo.