México

En este artículo se postula que la televisión mexicana es incomprensible fuera de su propio contexto. La "fórmula mexicana" de la televisión combina canales privados y del Estado y ha demostrado ser eficiente a pesar de algunos desajustes que la opacan en la práctica, imputables más a demoras administrativas susceptibles de corrección que a la doctrina de la economía mixta que la sustenta. A partir de esto, elabora sobre el papel del Estado, la educación y la publicidad en la televisión comercial.

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Este artículo revisa la historia del proyecto de donde surgió el programa Sesame Street en los Estados Unidos y el conjunto de conceptos de educación televisiva que estableció. Concluye que este tipo de emisiones no colaboran a lo que, en definitiva, sería fundamental para el desarrollo de los niños: es decir, no los capacitan para tomar mayor y mejor conciencia de sí y del mundo. Una metodología pedagógica, quizá la única hoy aceptable, es aquella que tenga como metas insoslayables la creación de un hombre psicológicamente sano, en armonía total y no fragmentario, con la posibilidad de trabajar para la permanente transformación de la sociedad. Necesitamos programas televisivos que conlleven indudables líneas de acción en la educación sistemática y en la promoción de los no pocos hombres marginados que hoy pueblan el planeta.

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Este artículo concluye que, en el contexto sociopolítico actual, los grandes difusores del país reflejan en su estructura la dicotomización de los centros de poder. Resienten en su estructura y desarrollo las dos formas de control: el oficial y el privado, cada uno ejercido de manera diferente. El control oficial se ejerce directa e indirectamente, así como el privado. Por lo que se refiere a su desarrollo, se concluye que actualmente el Estado tiene una ingerencia mayor y más directa en los medios que la que antes tenía. Por otro lado, sostiene que la irradiación de los medios, aunque ha aumentado en los últimos años, sigue siendo insuficiente, ya que una gran proporción de la población carece de acceso a los grandes difusores (excepto la radio) que, aunque controlados, pueden convertirse en lazos de unión cultural de los mexicanos.

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La intención de este trabajo es sugerir elementos de una política de comunicación social que induzca un cambio de énfasis en la orientación del sistema actual. Un cambio que traslade al proceso de comunicación del interés particular al interés social; de la acción individualista a la acción solidaria; del interés del público al interés público; del comportamiento condicionado al comportamiento consciente y autodeterminado; del desorden público que conduce a la involución y a la secuencia anárquica y destructiva, a un orden social racional, que sea fruto del designio del hombre y que sustente su desarrollo dinámico. Concluye considerando la democratización de los medios masivos, a expresarse en una auténtica política de comunicación social, como la concurrencia de tres procesos simultáneos: la democratización de la sociedad en conjunto, la integración social de los contenidos de la comunicación y la transformación democrática de las estructuras intermediarias mismas. Estos procesos conducirían a integrar, como una sola realidad, los medios del estado y los fines de los medios.

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Este artículo refiere a la primera década de este siglo los antecedentes que constituyen la base de la industria televisiva mexicana. En ese tiempo no existía en México una fuente de acumulación de capital lo suficientemente desarrollada, por lo que el capital industrial y bancario que dio origen a la actual industria de los medios electrónicos de información, se integró casi en su totalidad con capitales extranjeros. El desarrollo histórico de la radiodifusión revela que el reciente debate en torno al papel del Estado encuentra su fundamento en el obregonismo y su origen en el porfiriato.

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Como director general del Canal 13, el autor de este artículo establece que en México es función de la televisión del Estado, entre otras, la creación de un modelo hacia el que debe aproximarse la televisión en su conjunto. Es decir, influir, complementar y promover un Sistema Nacional de Televisión mediante la competencia y el ejemplo, con la finalidad de contribuir a la integración social, a la modernización y, sobre todo, al desarrollo independiente, superando la concepción exclusivamente publicitaria de la televisión privada. En síntesis, dado que sin duda existe un verdadero poder radio-televisivo, ese poder colectivo tiene que estar ligado a los intereses de toda la sociedad.

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Cuando se estableció en México la televisión, al mediar el siglo, el Estado decidió entregarla a la gestión de los intereses privados. Advertido tardíamente de la enorme fuerza de modelación social representada por ese medio de difusión colectiva, en la última década ha comenzado una búsqueda del tiempo perdido para tratar de lograr una participación mayor en el hacer televisivo, además del papel de regulador que desde siempre se atribuyó. En este artículo se presenta una reseña de tales intentos, sobre todo desde una perspectiva jurídica, pero también política, desde la comisión a Salvador Novo en 1947 hasta las formulaciones sobre el Derecho a la Información y la función social de la información contenidas en el Plan Básico de Gobierno aprobado por la VIII Asamblea Nacional del PRI en 1975.

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Partiendo de una caracterización de las diversas posturas desde las que se suele analizar a la televisión, muchas de ellas viciadas y deformantes, este artículo caracteriza a la televisión mexicana como un instrumento funcional al fomento económico y con un alto grado de coherencia con las pautas de conducta y la visión del mundo prevalecientes entre los sectores medios de la sociedad. Los medios se dedican a la promoción de las formas de la subcultura y, por esta razón, su proyecto no tiene ninguna relación con los aspectos educativos o con la difusión del arte y la cultura. Entre sus observaciones finales figura la necesidad de una investigación que fundamente proyectos alternativos.

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Este artículo postula que, en nuestro país, el reconocimiento sólo parcial de la base constitucional que fundamenta la legislación sobre medios de difusión y la ambivalencia ante una falsa concepción de la libertad de expresión, han fortalecido la posición reaccionaria que ve en la telecomunicación un campo natural de la iniciativa privada, al que el Estado ha de concurrir en forma minoritaria. A esto coadyuva la casi total ignorancia de las experiencias extranjeras de televisión de beneficio social que, por una razón o por otra, son desconocidas o nunca invocadas, incluso en los medios gubernamentales.

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Este artículo pretende contribuir al planteamiento histórico y político del problema de la relación del Estado con los empresarios de radio y televisión. Analizando sobre todo los artículos 27, 28 y 42 de la Constitución mexicana, desarrolla la hipótesis de que tal relación se explica en el marco de un estado político, que niega lo que reconoce y reconoce lo que niega. Es precisamente en este desdoblamiento contradictorio (el estado regulador y el estado emisor) donde la forma del poder estatal conserva y expande los intereses particulares en el interés general.