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Este artículo reseña el proceso que dio origen a la inclusión de la garantía social de la información en el artículo 6o. constitucional, desde la VIII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI (1975) hasta el II Informe de Gobierno de José López Portillo (1978), desde el punto de vista de la Cámara de Diputados.

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Del mismo modo que la libertad de información no debe confundirse con la libertad de expresión, tampoco debemos permitir el error de no distinguir entre el derecho a la información y el derecho de la información, que es el fundamento metafísico del absolutismo real. El derecho de información es principalmente un derecho de defensa de las personas, un instrumento contra la arbitrariedad, un modo de mantener y respetar el principio de legalidad. En cambio, el derecho a la información se incluye en el derecho a la toma de conciencia, en el derecho al saber, en el derecho a participar con pleno conocimiento de causa en las decisiones públicas.

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Dos deberes inmediatos se imponen a los medios de comunicación social: coadyuvar a la protección de las libertades individuales y de las garantías sociales establecidas por nuestra Constitución, y contribuir activamente a la preservación y acrecentamiento de los perfiles nacionales propios, entendidos como una herencia cultural que define al mexicano y que explica, en altísima parte, su conducta personal y social, su sensibilidad y habilidades, sus aspiraciones. Este último aspecto es tan importante como el primero: más aún, integran los dos tan entrañable simbiosis que sólo es dado intentar separarlos por razones expositivas.