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En este capítulo el autor justifica la existencia de un canal de televisión legislativo como una oportunidad de debate público en las cuestiones que corresponden a este poder de representación ciudadana, se trata, opina de un medio democratizador y evolución cultural.

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El autor reflexiona sobre la posibilidad de pluralidad en los medios en función de tres órdenes: el político, el mediático y el mercantil; profundiza en las dificultades y los peligros, que en los dos primeros acechan a la democracia. Opina que para evitar un empleo abusivo de los medios, debe avanzarse en la conformación de instancias rectoras ajenas al poder ejecutivo y a los intereses económicos e ideológicos de los medios televisivos privados.

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La autora aborda el tema desde una perspectiva culturalista, afirma que los medios en manos del Estado, han de ser instrumentos que coadyuven a una política cultural y educativa en el marco de la gran visión del papel, que en la generación de paradigmas y formación de ideología juega la comunicación educativa en nuestro tiempo, deben ser, opina, instrumentos de democratización.

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La autora concuerda con que no debe de considerarse al Estado como el único responsable de los medios públicos y menos aún como su único operador directo. Romo opina que es tiempo de dejar de cuestionar si la radio puede o no educar, esa cuestión ya está superada, la educación es responsabilidad ineludible de la radio. Es momento, afirma, de pensar: de qué tipo, cómo, para quién ha de hacerse una radio educativa para que la democracia sea una realidad.

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En este trabajo se presenta un breve recuento histórico sobre la radiodifusión en las instituciones de educación y se da cuenta de la creación del Sistema Nacional de Productoras y Radiodifusoras de las Instituciones de Educación Superior: SINPRIES. Se enumeran los objetivos de esta asociación y sus políticas.

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En este capítulo se describe el papel que juega Radio Educación, como participante y contribuyente, en los cambios legales que se operan al sistema estatal mexicano. El autor presenta un recuento de la trayectoria de Radio Educación haciendo énfasis en las contribuciones realizadas como difusora de cultura y como espacio de la sociedad en general, asimismo delinea la perspectivas de este tipo de emisoras dentro del contexto del marco jurídico actual.

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Este trabajo describe la participación de las instituciones de educación superior en el desarrollo del Internet en México, participación que frente a la casi nula incidencia de las universidades en la industria de la radio y la televisión, constituye un parteaguas histórico según el autor. En este capítulo se pugna por la necesidad de legislar con el firme propósito de impedir el considerable número de prácticas ilícitas que tienen lugar en la red. El Estado, afirma el autor, es hora de que capitalice el conocimiento que han acumulado las universidades.

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En este trabajo se explicita la misión de la televisión pública y sus similitudes con la televisión comercial. Se enuncian sus virtudes y su deficiencias para generar producciones de calidad. Finalmente, se presenta de manera detallada el caso de TV-UNAM: sus objetivos, su historia, su programación y sus producciones.

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En este capítulo se da cuenta de los requisitos legales para utilizar una frecuencia de radio y televisión de los sistemas estatales, se describe el espectro de radio y televisión, el presupuesto, la infraestructura y la capacitación del personal, todo ello por entidades federativas. Finalmente, se exponen los logros de estos sistemas en estos 20 años y cuáles serían sus retos divididos en tres partes: organización, infraestructura y financiamiento, y producción y programación.

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Después de hacer un breve recuento histórico del caso de Internet en México, algunas de las preguntas que se plantean en este capítulo son: ¿quién maneja la administración de la red pública donde transitan los paquetes de información?, ¿quién crea los contenidos informativos en Internet?, ¿a quién van dirigidos los contenidos que diariamente transitan por estas redes?. Para finalizar la autora habla sobre el derecho del acceso a la información electrónica como parte de la declaración universal de los derechos humanos.