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El vínculo entre liderazgo, prestigio, capacidad de persuasión, influencia y discurso ha sido analizado desde hace tiempo por científicos políticos y estudiosos de la comunicación en Estados Unidos. En 1960, Richard Neustadt propuso una visión del poder presidencial como el uso de la persuasión para hacer que los otros hicieran lo que de otra manera no harían. Este autor sostiene que la influencia presidencial, como puntal de su liderazgo, descansa en dos condiciones: que el mandatario goce de reputación y de prestigio, ya que ambas le servirán como ventajas que le pueden ser de utilidad en la negociación con otros actores, en especial con los líderes del Congreso, en la consecución de sus metas. Aunque Neustadt (1991) menciona a la burocracia y reconoce la importancia del público en el éxito del liderazgo, se centra en las condiciones de negociación en el Congreso, y el discurso juega un papel mínimo en su análisis de la estrategia presidencial (Eshbaugh-Soha, 2016).

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Cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia, el crimen y la violencia habían venido creciendo de manera notable. La inseguridad era ya considerada por la opinión pública como el problema más grave del país. Había un llamado urgente de la sociedad para que el gobierno tomara medidas a fin de combatir el secuestro, la extorsión y el robo, entre otros delitos. Enfrentar el problema del crimen fue una de las principales peticiones que recibió como candidato presidencial. “Durante mi campaña electoral me sorprendió el número de personas que en muchas partes del país se acercaron a mí para contarme sobre un hijo que había desaparecido o había sido asesinado, empresarios que habían sido extorsionados, y la impunidad con la que operaban los criminales” (Felipe Calderón entrevistado por Roberto Rock el 21 de febrero de 2011). En respuesta, Calderón hizo del combate al crimen y del fortalecimiento del Estado de derecho una prioridad de su plataforma electoral (Calderón, 2005: 11-24), un tema central de su plan de gobierno (Poder Ejecutivo Federal, 2007: 41-80) y un eje discursivo fundamental de su periodo de gobierno.

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El presidente Enrique Peña Nieto inició su quinto año de gobierno con el índice de aprobación de sólo 12% (Reforma ,18 de enero de 2017), el más bajo que se haya otorgado a un mandatario en los últimos 17 años. ¿Cómo se llegó a esto? ¿En dónde perdió el gobierno la batalla por la opinión pública? Sin duda esto ha obedecido a que la sociedad percibía una gestión errática, alejada de los compromisos adquiridos ante la ciudadanía, incapaz de hacer frente a los problemas económicos y marcada por la corrupción.

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La comunicación de los gobiernos es parte de la comunicación política, pero cuenta con vertientes de análisis y propósitos propios (Meyenberg y Aguilar, 2015). Sanders y Canel (2013: 4) la definen como el rol, la práctica, los propósitos y los logros que ocurren en nombre de una institución pública, cuyo fin principal es ejecutivo y en servicio de una racionalidad política, y que se constituyen sobre la base del consenso directo o indirecto de las personas y se ponen en práctica para cumplir su voluntad. La comunicación gubernamental está asociada con las democracias modernas y la conformación de un espacio público. Es por esto que no fue sino hasta bien entrado el siglo xx que en México se sustituyó el modelo de propaganda política, propio de los regímenes autoritarios, por otro que reconociera a los medios como actores políticos con una agenda propia.

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Para qué y cómo ha utilizado el gobierno federal mexicano la comunicación vía Internet? Sin lugar a dudas, los cambios tecnológicos son el motor de los procesos comunicacionales. Las nuevas tecnologías obligan a los académicos y a profesionistas de la comunicación (ambos grupos inmersos en diversos ámbitos) a replantear sus supuestos y estrategias. Este capítulo revisa cómo Internet, entendido como una red de comunicación masiva que permite la interconexión entre usuarios de computadoras personales, ha (r)evolucionado la manera en que el gobierno federal mexicano se comunica con los ciudadanos. Partiendo del supuesto de que la “Web 2.0”, a diferencia de los primeros portales de Internet, permite la interacción y la creación de contenidos por parte del usuario, facilita la comunicación entre gobernantes y ciudadanos, convirtiéndose una herramienta útil para la administración pública.