México

A propósito de diversas manifestaciones sobre la relación de la comunicación con la vida social, el autor asume a los comunicadores como "manipuladores manipulados" y los invita a encontrar senderos de comunicación en el laberinto social; a oponer la manipulación política a la manipulación teológica; a tomar conciencia de que, en la confirmación del todo, los comunicadores, por naturaleza propia, son la parte contraria, la que insemina la movilidad de lo estático, la desarticulación a la rutina, la identidad nacional a la emulsión homogeneizada de las metrópolis; finalmente a hacer conciencia de que no se vive para comunicar, se comunica para vivir.

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El objetivo de este trabajo es presentar una primera aproximación conceptual que permita analizar, desde el punto de vista materialista, cuáles son los principales factores que condicionan estructuralmente la función cultural que desempeñan los aparatos dominantes de difusión de masas, y el sistema global de comunicación-información al interior de la sociedad capitalista; determinantes que, a su vez, impiden la construcción del consenso subalterno a través de las mismas. Se busca formular las determinaciones históricas que sufren los medios hegemónicos de difusión social en su proceso de creación del sentido colectivo.

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En esta exposición se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo durante 1981, sobre la formación y el ejercicio profesional de los comunicadores en México. Se documenta y sustenta la hipótesis de que existe una íntima relación entre las prácticas profesionales vigentes (en las cuales el esquema privatizado de comunicación es determinante) y los currícula, así como la práctica educativa de las universidades en el campo de la comunicación.

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El panorama legislativo mexicano en materia de comunicación social presenta complicaciones difíciles de sortear cuando se intenta una evaluación, porque se trata de una serie de normas legisladas en el presente siglo por diversos gobiernos, que plantearon tónicas y objetivos diversos en sus respectivos tiempos. Resulta claro que, frente a su incapacidad para ejercer la función reguladora, el Estado enfrenta una peor incapacidad: la de vigilar y administrar los confusos y escasos intentos jurídicos en el área. Detrás de toda esta realidad se encuentra la urgente necesidad de afrontar responsablemente el trabajo pendiente de definir una política nacional de comunicación social que tenga como base y sustento una participación de capas más amplias de población del país.