Ciudad de México

Los últimos tiempos han traído cambios de particular relevancia en el escenario internacional. América Latina parece estar planteándose nuevos derroteros e iniciando el proceso de andar nuevos caminos. El presente trabajo aborda momentos sociales y políticos recientes en países de América Latina que resultan claves para toda la región, a la vez que reflexiona en torno a los retos y el futuro para la democracia, especialmente en países que ofrecen evidencias de cambio a partir de resultados de recientes transformaciones políticas o procesos electorales.

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Cada país pone a prueba la calidad de la democracia que posee en el momento en que organiza elecciones para designar presidente de la nación. Es el caso de México, que en 2012 convocó a la sociedad mexicana a elegir mandatario para el periodo 2012-2018 y en cuyo proceso democrático no sólo la ciudadanía fue un actor protagónico, también hubieron otros actores como los medios de comunicación masiva que en los procesos electorales suelen tener una fuerte impronta al respecto. Este texto refiere el comportamiento y la forma en que se materializaron las estrategias de comunicación política de los cuatro candidatos a la presidencia: Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional; Enrique Peña Nieto, por el Partido Revolucionario Institucional; Andrés Manuel López Obrador, por el Partido de la Revolución Democrática, y Gabriel Quadri, por el Partido Nueva Alianza.

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En diciembre de 2012 el Senado de la República aprobó una reforma al artículo sexto constitucional, que resulta relevante porque amplía el ámbito de atribuciones del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al otorgarle capacidad jurídica para atender peticiones sobre el actuar de los poderes de la Unión y órganos autónomos, así como de partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, además de personas físicas, morales y sindicatos, cuando reciban o ejerzan recursos públicos. Otra razón subyace a la facultad para conocer de los recursos que interpongan los particulares en contra de las resoluciones de los organismos autónomos de las entidades federativas y el Distrito Federal, en los casos que resuelvan reservas, confidencialidad, inexistencia o nieguen información. Se trata de un paso trascendente en materia de rendición de cuentas que fortalecerá el ejercicio del derecho a la información.