México

En este libro se recogen, críticamente, los documentos y hechos históricos ubicados en sus contextos- que definen el régimen legal de la industria cinematográfica mexicana. Se desglosan todas las disposiciones legales que rigen la producción, distribución y exhibición. En las conclusiones, retoma los elementos analíticos y plantea proposiciones concretas para la resolución estructural de problemas fundamentales de la industria cinematográfica mexicana.

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Este estudio parte de las disposiciones constitucionales de los artículos 6o y 7o, señala sus antecedentes en la Constitución de 1857, en el derecho inglés, francés y norteamericano y en las constituciones de Cádiz y de Apatzingán. Apunta también antecedentes inmediatos, y elabora un ensayo alrededor del pensamiento sobre la libertad de imprenta en México en 1917. Al revisar los debates de los constituyentes al respecto, señala que aunque las garantías constitucionales declararon que todo mundo "es libre de expresar su pensamiento por los medios de expresión", en realidad solamente unos cuantos privilegiados pueden hacerlo.

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En este trabajo el autor atribuye la carencia de una política de comunicación a dos factores fundamentales: uno, la serie de problemas existentes en el aparato de comunicación estatal, y dos, las prácticas monopólicas del sistema de información en México. Los problemas de coordinación y orientación institucional, existentes en el conjunto de entidades informativas del sector gubernamental, son los principales factores limitantes de los programas de comunicación social, tanto en el proceso como en la complementación de los objetivos. La empresa privada poseedora de medios informativos, de acuerdo con sus intereses económicos y su particular concepción sobre el proceso y la presentación de la noticia, adopta actitudes agresivas ante el establecimiento de una política de comunicación social. Esto obstaculiza los avances que en esa materia generan los sectores progresistas de la sociedad.

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Del mismo modo que la libertad de información no debe confundirse con la libertad de expresión, tampoco debemos permitir el error de no distinguir entre el derecho a la información y el derecho de la información, que es el fundamento metafísico del absolutismo real. El derecho de información es principalmente un derecho de defensa de las personas, un instrumento contra la arbitrariedad, un modo de mantener y respetar el principio de legalidad. En cambio, el derecho a la información se incluye en el derecho a la toma de conciencia, en el derecho al saber, en el derecho a participar con pleno conocimiento de causa en las decisiones públicas.

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Este artículo pretende contribuir al planteamiento histórico y político del problema de la relación del Estado con los empresarios de radio y televisión. Analizando sobre todo los artículos 27, 28 y 42 de la Constitución mexicana, desarrolla la hipótesis de que tal relación se explica en el marco de un estado político, que niega lo que reconoce y reconoce lo que niega. Es precisamente en este desdoblamiento contradictorio (el estado regulador y el estado emisor) donde la forma del poder estatal conserva y expande los intereses particulares en el interés general.

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Este texto ubica el tema de la legislación sobre comunicación colectiva, definiendo las relaciones entre la información, la sociedad, el Estado, el gobierno y el ciudadano. En México, señala, de acuerdo con la legislación, la radio y la televisión son actividades de interés público; son medios que están, en primer término, en manos de los particulares en forma de empresas privadas, establecidas previa autorización del Estado, y en segundo término, en manos del Estado, pues éste cuenta con un tiempo determinado de transmisión en las estaciones comerciales y con empresas radiodifusoras de su propiedad.

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El panorama legislativo mexicano en materia de comunicación social presenta complicaciones difíciles de sortear cuando se intenta una evaluación, porque se trata de una serie de normas legisladas en el presente siglo por diversos gobiernos, que plantearon tónicas y objetivos diversos en sus respectivos tiempos. Resulta claro que, frente a su incapacidad para ejercer la función reguladora, el Estado enfrenta una peor incapacidad: la de vigilar y administrar los confusos y escasos intentos jurídicos en el área. Detrás de toda esta realidad se encuentra la urgente necesidad de afrontar responsablemente el trabajo pendiente de definir una política nacional de comunicación social que tenga como base y sustento una participación de capas más amplias de población del país.

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Análisis de las repercusiones de la política económica neoliberal salinista en el ámbito de la normatividad jurídica en materia de radio y televisión. La tesis presenta una investigación bibliohemerográfica de la historia de las normas jurídicas desde 1917 y el desarrollo de la industria de la comunicación. Estudia las normas reguladoras de radio y televisión producidas en ese sexenio y los factores sociales, económicos y políticos que influyeron en dicho marco normativo, desde una perspectiva sociológica y política.

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El objetivo de este trabajo es proporcionar una panorámica de las variables a considerar al momento de realizar una regulación adaptada a nuestro propio sistema jurídico. Este trabajo sostiene la tesis de que el derecho al secreto profesional de los periodistas forma parte de los derechos profesionales a pesar de no encontrarse regualado explícitamente.

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El objeto de estudio de este trabajo es la cláusula de conciencia de los comunicadores. El autor presenta su definición y sus antecedentes, los fundamentos de su existencia; asimismo explicita los sujetos de la cláusula, las causales y el artículo tercero de la Ley Orgánica Reguladora de la Cláusula de Conciencia de los Profesionales de la información española. Al final se aborda el caso de México y sus perspectivas