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Este libro trata de demostrar que los elementos constituyentes del tradicional concepto de Libertad de Expresión, por simple extensión, no pueden ser aplicados al ejercicio de la libertad en el uso de los medios de comunicación social porque existen factores físico-humanos, sociales, culturales, económicos y políticos que coadyuvan a conformar un nuevo principio de libertad acorde con esta realidad, el principio de la libertad de difusión masiva, proyectando su dimensión de manera paralela al ejercicio de la libertad de expresión. Puede haber libertad de expresión sin libertad de difusión masiva y no puede haber libertad de difusión masiva sin libertad de expresión.

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Para definir las políticas nacionales de comunicación social es necesario conocer y determinar los elementos que integran su proceso: el marco de valores, la estructura del sistema de comunicación social, las características de los comunicadores, los recursos con los que se cuenta, las características de la población, el contexto coyuntural, los planes y las necesidades nacionales de comunicación. Estas políticas deben expresarse en una interacción constante, para poder realizar una valoración de las posiciones de los medios de comunicación en nuestra sociedad y de su función específica. Con esa base, los diversos sectores de la comunicación han de aportar sus esfuerzos, sus conocimientos y su mejor disposición para propiciar la estructuración de una política de comunicación social acorde con los requerimientos de las mayorías nacionales.

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Este artículo pretende contribuir al planteamiento histórico y político del problema de la relación del Estado con los empresarios de radio y televisión. Analizando sobre todo los artículos 27, 28 y 42 de la Constitución mexicana, desarrolla la hipótesis de que tal relación se explica en el marco de un estado político, que niega lo que reconoce y reconoce lo que niega. Es precisamente en este desdoblamiento contradictorio (el estado regulador y el estado emisor) donde la forma del poder estatal conserva y expande los intereses particulares en el interés general.

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Este texto ubica el tema de la legislación sobre comunicación colectiva, definiendo las relaciones entre la información, la sociedad, el Estado, el gobierno y el ciudadano. En México, señala, de acuerdo con la legislación, la radio y la televisión son actividades de interés público; son medios que están, en primer término, en manos de los particulares en forma de empresas privadas, establecidas previa autorización del Estado, y en segundo término, en manos del Estado, pues éste cuenta con un tiempo determinado de transmisión en las estaciones comerciales y con empresas radiodifusoras de su propiedad.

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En este libro se reúnen los principales documentos legislativos, ensayos y discusiones fundamentales sobre el régimen legal de la prensa, la radio y la televisión en el país. Entre los documentos incluidos se encuentran las intervenciones de Francisco Zarco en el constituyente de 1857, el voto sobre la libertad de imprenta de Ignacio Vallarta, las ideas que sobre la libertad plantea Stuart Mill, la Ley Federal de Radio y Televisión, su reglamento y todos los acuerdos y disposiciones generales del Ejecutivo Federal que en esta materia fueron dictados en 1968.

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Este trabajo contiene algunas reflexiones sobre el derecho a la información y su particular inserción en la sociedad mexicana. Revisa la concepción jurídica del Derecho a la Información, lo ubica en su contexto internacional, y revisa la trayectoria del debate al respecto en México desde 1976. Concluye que, en la actualidad, estamos ante la posibilidad de ser testigos de una nueva etapa; existen tres posibilidades: una nueva amnesia sobre este proceso y una nueva demostración de debilidad; una salida superficial y por lo tanto insuficiente; o una modificación sustancial que permita encontrar la salida democrática a un asunto tan fundamental.

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El panorama legislativo mexicano en materia de comunicación social presenta complicaciones difíciles de sortear cuando se intenta una evaluación, porque se trata de una serie de normas legisladas en el presente siglo por diversos gobiernos, que plantearon tónicas y objetivos diversos en sus respectivos tiempos. Resulta claro que, frente a su incapacidad para ejercer la función reguladora, el Estado enfrenta una peor incapacidad: la de vigilar y administrar los confusos y escasos intentos jurídicos en el área. Detrás de toda esta realidad se encuentra la urgente necesidad de afrontar responsablemente el trabajo pendiente de definir una política nacional de comunicación social que tenga como base y sustento una participación de capas más amplias de población del país.

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Los temas abordados en este capítulo son: 1) Derecho a la información, garantía individual o simple derecho, 2) Sujetos: activo, pasivo y terceros en el derecho a la información, 3) Libertad de expresión y libertad de prensa, 4) Obligación del Estado de dar información, 5) Noticia o chisme, 6) Teoría del daño o perjuicio y comisión de los delitos en el derecho a la información, 7) Garantía individual, su concepto y juicio de amparo, 8) Código de ética y clasificación de las normas, 9) Libertad de transmitir y exhibir cualquier programa: moral, orden y costumbres, 10) El respeto de un derecho, o el derecho de hacer negocio.

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Los autores realizan un recuento del surgimiento del derecho a la información, definen el término explícitamente y enumeran las transformaciones que ha sufrido en el marco jurídico de México. Carpizo y Villanueva realizan propuestas para regular el derecho a la información desde la transparencia publicitaria, concesiones de radio y TV. y los derechos de los periodistas.

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En las páginas de este libro se encuentran abundantes referencias sobre el derecho a la información y sus implicaciones. La concentración de medios y el pluralismo informativo, la regulación de los contenidos mediáticos, los nuevos retos que para el sistema jurídico supone el surgimiento de Internet, el derecho a la información como derecho fundamental, el desarrollo que ese derecho ha tenido en la legislación y la jurisprudencia de otros países, la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los comunicadores, son algunos de los temas que se tratan en este volumen.