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El debate político, necesario y quizá indisociable al derecho a la información, ha oscurecido otras dimensiones. En este trabajo el autor pretende invertir los términos del análisis para poner el acento en los aspectos jurídicos del derecho a la información. Esta óptica puede aportar alguna luz para el debate político y, con suerte, facilitar la posibilidad de elaborar un marco jurídico moderno para la información en México.

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El autor afirma que de no tomarse medidas concretas por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo para elaborar un régimen jurídico a imagen y semejanza de un Estado democrático de derecho, las acciones aisladas en pro de la democratización serán sólo eso: esfuerzos aislados y, por ello mismo, sin posibilidad alguna para hacer de la democracia una posibilidad cierta y susceptible de validarse de cara a los estándares internacionales.

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Desde el 18 de septiembre de 1979 cuando el poder legislativo convocó, por primera vez, a la sociedad a debatir el tema de la comunicación y responder la pregunta de cómo reglamentar el derecho a la información, recién incorporado a la Constitución, surgió una larga serie de cuestionamientos al sistema de comunicación predominante. Desde entonces han pasado ya 18 años sin que se haya dado respuesta a esos planteamientos.

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El contexto de "apertura política" que ha creado el proyecto modernizador del país en el sexenio de Zedillo ha demostrado que los diagnósticos, las demandas e iniciativas fundamentales de políticas de comunicación que ha presentado la sociedad mexicana para la transformación del Estado nacional, vía los foros y las consultas públicas, han sido negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la esfera del poder.

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Los temas abordados son: la alternancia en el poder y la democratización del modelo de comunicación social. En este capítulo se enumeran los retos de la comunicación frente a los nuevos poderes constituidos, resumidos en que la transición democrática no es posible si se carece de seguridad jurídica en materia de medios de comunicación.

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En este capítulo se da cuenta del Proyecto de Ley Federal de Comunicación Social que proponen los diputados, y en el que se afirma no hay restricción a la libertad de expresión, pero donde sí se establece un límite que tiene que ver con los periodistas y que les niega el derecho de inmiscuirse en la vida privada de las personas, de calumniar, de difamar y de inventar.

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Los temas abordados en este capítulo son: 1) Crisis nacional, medios de comunicación y reforma del Estado mexicano, 2) El retraso histórico de la legislación sobre medios de comunicación, 3) La apertura de espacios sociales para la transformación del Estado mexicano, 4) El retroceso ético-moral del Estado mexicano, 5) La reestructuración del Estado desde la sociedad civil.

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El autor señala de manera muy esquemática y breve, lo que considera son las insuficiencias de nuestro sistema jurídico mexicano. Se hace énfasis en la Ley Federal de Radio y Televisión. A nivel constitucional, nos dice Villanueva, no tenemos el secreto profesional, no tenemos cláusula de conciencia, no tenemos derecho a la réplica, no tenemos el derecho de acceso a documentos y archivos públicos; y así continua la lista.

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Se trata de una crítica a las leyes obsoletas, inoperantes y temidas en nuestro país. El autor opina que los medios son demasiado importantes para dejarlos sin reglamentaciones modernas y completas, no se trata de restringir libertad alguna, sino de garantizar la libertad de la sociedad para ser algo más receptora de los medios más influyentes.

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Este trabajo tiene tres objetivos: el primero de ellos es exponer una reconstrucción dogmática del derecho a la información en el derecho mexicano. En segundo lugar, determinar la materia del derecho a la información para finalmente, hacer algunas muy breves recomendaciones sobre su regulación.